La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 328 votos a favor, 131 en contra y cinco abstenciones, la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, una de las iniciativas más polémicas y debatidas del actual gobierno.
La mayoría de Morena, PT y PVEM avaló discutirla bajo un procedimiento acelerado, pese a que la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López, se manifestó en contra del llamado “fast-track”.
La propuesta incorpora más de 50 modificaciones, algunas derivadas de demandas de organizaciones campesinas. Aun así, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, anticipó que se presentarán ajustes adicionales durante la discusión en lo particular.
Puntos clave de la nueva Ley de Aguas
- Reconoce el agua como derecho humano. El Estado tendrá la obligación de prevenir, investigar y sancionar violaciones al acceso al recurso, así como reparar daños.
- Combate el acaparamiento y la mercantilización. Busca recuperar la rectoría del Estado sobre el agua y evitar que se trate como una mercancía.
- Regula la transmisión de concesiones. Aunque se incluyó un apartado que permite vender o heredar títulos ligados a una propiedad, el PRI advirtió que la redacción mantiene restricciones a la transmisión directa sin autorización federal.
- Agiliza la reasignación de volúmenes. Conagua deberá resolver en un máximo de 20 días hábiles casos de venta de propiedad, fusión de sociedades o sucesión.
Nuevas penas por delitos hídricos
La reforma crea un capítulo dedicado a delitos contra las aguas nacionales, todos perseguidos de oficio:
- 3 meses a 5 años de prisión para quien altere, desvíe u obstruya cauces sin autorización y genere riesgos para personas, bienes o ecosistemas.
(Se excluyen actividades personales, domésticas o agropecuarias familiares.) - Hasta 8 años de prisión para servidores públicos o usuarios que obtengan concesiones mediante dádivas o sobornos.
¿Qué busca esta reforma?
De acuerdo con la Conagua, el objetivo central es garantizar el acceso equitativo, evitar la especulación, ordenar el uso de concesiones y recuperar el control del Estado sobre el recurso.
La aprobación en lo general ocurre en un contexto de creciente tensión en distintas regiones del país, donde productores agrícolas han advertido que, de no ser escuchados, reactivarán bloqueos y manifestaciones ante el temor de afectaciones en sus operaciones de riego.
