Las últimas horas del año pasado y las primeras del nuevo fueron dejados brutales narcomensajes, con tres cadáveres colgantes en el arco de entrada que irónicamente da la bienvenida a la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo.
El primer caso fue el domingo 29 de diciembre, cuando la afectada población, retada a no perder su capacidad de asombro, reportó el cuerpo inerte de un joven originario del seccional de Baborigame, identificado poco después como un presunto sicario ‘liniero” que días antes había participado en enfrentamientos, balaceras y desmanes en la comunidad de El Pinito.
El hecho sorprendió por la saña y el mensaje implícito de los grupos criminales, dispuestos a dominar regiones enteras del Triángulo Dorado que conforman Chihuahua, Durango y Sinaloa, con esta última entidad como epicentro de la violencia.
Si un cadáver no fuera suficiente, al cierre de la jornada del primer día del año 2025 vino el segundo suceso, ahora con dos cuerpos sin vida, casi al nivel de la carretera, pero sujetos al extremo de unas sogas también colgadas de la parte más alta de la estructura ubicada en el acceso principal al pueblo.
El narcomensaje fue más explícito en este caso, con una cartulina pegada a uno de los cuerpos en la que los “marranos” eran advertidos que “la limpia ya empezó”, para rematar con el cruel sarcasmo de “feliz año nuevo”.
También eran presumiblemente de La Línea las víctimas.
Los crímenes, con el mismo modus operandi, implicaron para los atacantes levantar, torturar, matar y colgar a sus víctimas en unas cuantas horas; todo en la impunidad, todo en las cercanías de donde están instaladas las supuestas autoridades de los tres niveles de gobierno, evidentemente pintados para la delincuencia organizada.
No hablamos de hechos en las alejadas secciones, comunidades y rancherías del municipio enclavado en el extremo sur del estado; no es en los pueblos pegados a Guanaceví, Tamazula o Tepehuanes, de Durango, ni a Badiraguato en Sinaloa.
Esto fue a las puertas de donde despacha una alcaldesa morenista casi desaparecida, Ana Laura González Ábrego; a unos metros también de las comandancias de la Guardia Nacional, de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía del Estado y a unos cuantos kilómetros del puesto militar instalado en la famosa pista de El Zorrillo.
El medio centenar de policías municipales que operan en la cabecera municipal necesariamente debieron conocer el levantón de los jóvenes y el operativo para asesinarlos y colgarlos pero esto exhibió que andan cargados para uno de los grupos.
En una narcoguerra que tiene meses de ascenso en el nivel de violencia, no es sorpresivo que la cuenta de muertos siga al alza. Van más de 200 bajas en un periodo de unos tres años, solo en ese municipio del triángulo, casi todas vinculadas a la lucha entre bandas.
La confrontación entre la alianza de “Los Ramoncitos Mendívil” y “Los Arellanes” de Camargo, todos de La Línea; contra “Los Salgueiro” y asociados del Cártel de Sinaloa, tiene años en una escalada que parece interminable y sin freno.
Lo que sorprende es que a estas alturas del partido y tras cientos de casos de violencia que han ocurrido en este lugar, vuelvan a registrarse sucesos como los colgados en el arco de bienvenida, si han sido tomadas acciones tendientes a buscar la tranquilidad social en esa región.
Se supone que se han puesto en marcha operativos especiales y estrategias de contención, al menos así lo han hecho público las autoridades en los medios de comunicación, para evitar la violencia y el desplazamiento forzado de personas de las comunidades donde incursionan los grupos delictivos.
Por eso, los cadáveres colgados exhiben la capacidad de la delincuencia y la libertad casi absoluta con la que operan dichas células, en aquella como en muchas regiones del estado, sometidas al gobierno de facto que representan.
Sorprende el tiempo que tienen los delincuentes para generar el narcomensaje más brutal de estos tiempos, con cadáveres incluidos de personas levantadas en alguna de las poblaciones, torturadas y asesinadas con el fin de vengar afrentas y mandar la señal al mundo de su poderío.
Ante la necesidad criminal de demostrar quién manda en esta productiva porción del triángulo, es pasmosa la tibia, casi nula reacción de la autoridad en todos sus niveles.
Los colgados y toda la violencia, todos los crímenes que representan, son abierto reto a los gobiernos legítimos, incapaces de reaccionar de forma efectiva; no han mostrado capacidad ni los que sistemáticamente se quejan de los “abrazos, no balazos”, ni los que se andan por las ramas con el pretexto de la política social como base de la transformación.
Así, tenemos que los cadáveres fueron colgados a las puertas de una autoridad municipal que ganó la elección en junio y asumió meses después, protegida de amenazas de muerte por la Guardia Nacional, que por fortuna pudo garantizar la seguridad de la hoy alcaldesa de Morena, pero no ha logrado darle tranquilidad al resto de la población.
La comandancia de la GN en Guadalupe y Calvo tal vez esté de adorno, como la base del Ejército en la importante pista de aterrizaje y despegue; igual que la comandancia de la AEI, cuyos elementos deberían estar investigando al primer colgado, a los otros dos y a las decenas de ejecuciones sin resolver que saturan todos los pobladores y rancherías dentro de su jurisdicción.
Estos hechos favorecen las sospechas de que los grupos delictivos mantienen cooptada a la Fiscalía Zona Sur, al mando de Juan Carlos Portillo, apodado “Tatos” por sus amigos y “Fiscal Tratos” por quienes lo conocen mejor.
Políticamente, esa posición con sede en Parral y alcances hasta los límites del estado es atribuida a otro fiscal, el de Asuntos Internos, Jesús Flores Carrete, quien también pasó por la Zona Sur y otros cargos en la FGE, por lo que no debe desconocer el teje y maneje de la delincuencia.
Adicionalmente, los comandantes de la AEI en la zona, no reportan más que el conteo de muertos y casi nada de resultados, lo que tampoco debe ser desconocido para el titular de la Agencia, Arturo Zuany Portillo, protagonista de una narcomanta reciente que lo vincula a grupos criminales en otra región de la sierra.
Pero Zuany, según quienes conocen su día a día, está más concentrado en atender “mandados” y rodar en su Harley al lado de Hermann Pérez Rico, comandante de la AEI en la Zona Norte, que en darle trámite al cúmulo de expedientes de investigación que debe tener en aquella región.
Desde que inició la incursión de La Línea en Guadalupe y Calvo para sacudir hasta la cuna de los capos rivales, quedó claro que, si bien las corporaciones de seguridad pudieran o no estar coludidas, al menos deberían tener una radiografía completa del origen y consecuencias de la confrontación.
Las implicaciones de esta batalla centrada en el extremo sur serrano alcanzan a todo el estado. Buscan el control de la plaza células locales aliadas con un grupo cuyo centro de operaciones está en Camargo y, a su vez, responden a la organización que tiene su sede en Juárez, desde donde generan estrategias con impacto en toda la entidad.
Por el otro bando están Los Salgueiro, cabeza de la llamada Gente Nueva con ramificaciones desde la sierra hasta la capital, con fortalezas en los municipios del triángulo y Parral, entre otros.
Aliados de Aurelianio “El Guano” Guzmán, hermano de “El Chapo”, mantuvieron control de las autoridades de la región, lo que se ha desdibujado en medio de la gran confrontación interna del Cártel de Sinaloa.
En medio de todo, está aprisionada la población civil, víctima de muertes colaterales y del desplazamiento forzado que lleva a familias enteras a mudarse a las ciudades, donde no tienen forma de sobrevivir.
Quienes se quedan tener ahí su forma de vida, enfrentan la más terrible de las realidades: si antes eran presas de la extorsión del cártel dominante, ahora lo son de los dos bandos.
A esa condena debe sumarse el abandono de las vías de comunicación, con carreteras hechas pedazos, sin vigilancia policial, llenas de halcones de uno y otro grupo, lo que pone de manifiesto la incompetencia de autoridades tan alejadas del papel que deben cumplir.
En ese marco, no sorpresivo por los antecedentes, pero sí sorprendente por la inacción oficial, la Federación brilla por su ausencia, con cero carpetas de investigación por delincuencia organizada en aquella región, de la escasa media docena abierta por este delito en todo el estado de Chihuahua.
