Héctor C. M. Enfrentará cargos por desaparición cometida por particulares y trata de personas con penalidad agravada.
En un operativo conjunto, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, en coordinación con efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), lograron la captura de Héctor C. M., señalado como el presunto responsable de la desaparición y explotación laboral de dos menores de edad, originarios del municipio de Guachochi.
La detención tuvo lugar en la ciudad de Chihuahua, específicamente en el kilómetro 3 de la carretera Chihuahua-Ojinaga, donde agentes cumplimentaron la orden de aprehensión girada por un Juez de Control del Distrito Judicial Andrés del Río.
Tras su detención, el imputado fue trasladado a un Centro de Reinserción Social, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que definirá su situación legal.
Según las investigaciones de la Fiscalía, los hechos se remontan al pasado 3 de octubre de 2024,cuando Héctor C. M. interceptó a los hermanitos identificados con las iniciales R.M.P. y E.M.P., de 7 y 10 años de edad, respectivamente, en la comunidad de Bajío Las Palmas, perteneciente a Guachochi. Tras privarlos de su libertad, los menores fueron sacados de la localidad sin el consentimiento de sus familiares.
Durante meses, los menores permanecieron bajo el control del ahora detenido, quien presuntamente los obligó a realizar trabajos forzados en la pizca de cultivos, tanto en ranchos del municipio de El Tule como en la capital del estado.
Los niños se encontraban en condiciones de explotación, realizando jornadas laborales extensas sin recibir pago ni cuidados adecuados, lo que agrava la situación legal del detenido, quien enfrentará cargos de trata de personas con penalidad agravada, además de desaparición cometida por particulares.
Tras exhaustivas labores de inteligencia, agentes lograron ubicar a los menores el pasado 22 de febrero, en un domicilio de la ciudad de Chihuahua, donde fueron rescatados en condiciones de riesgo. Posteriormente, recibieron atención médica, psicológica y protección por parte de las autoridades, antes de ser reintegrados a su núcleo familiar, garantizando su seguridad y bienestar.
