Se confirmó que dos trabajadores con origen en el estado de Chihuahua se encuentran entre el grupo de mineros reportados como desaparecidos en Sinaloa, situación que mantiene en incertidumbre a sus familias mientras continúan las investigaciones por parte de la Fiscalía estatal.
Uno de los desaparecidos fue identificado como Saúl Alberto Ochoa Pérez, originario del seccional Lázaro Cárdenas, en el municipio de Meoqui. Posteriormente, se dio a conocer que Jesús Antonio de la O Valdez, también con raíces en Chihuahua, figura entre los empleados cuyo paradero se desconoce.
De acuerdo con información oficial, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa mantiene abierta una carpeta de investigación y ha desplegado acciones de búsqueda en la zona donde ocurrió la desaparición del grupo de trabajadores. Hasta el momento, no se han informado resultados concluyentes.
En días recientes circularon versiones en redes sociales sobre el presunto hallazgo de credenciales pertenecientes a algunos de los mineros; sin embargo, dicha información no ha sido confirmada por las autoridades.
Saúl Alberto Ochoa Pérez laboraba como supervisor de seguridad en la empresa minera y tenía poco más de un año trabajando fuera de Chihuahua. Su familia indicó que desde el viernes 23 de enero perdieron todo contacto con él.
Por su parte, Jesús Antonio de la O Valdez, de aproximadamente 36 años de edad, estudió en la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Personas cercanas a él han solicitado apoyo para su localización a través de redes sociales.
Familiares de los trabajadores señalaron que, aunque la desaparición habría ocurrido el viernes, el aviso formal por parte de la empresa se dio varios días después, lo que consideran pudo haber retrasado la activación de los protocolos de búsqueda. En el caso de Saúl Alberto, fue su esposa quien recibió la llamada notificándole la situación.
Otro aspecto que ha llamado la atención de los familiares es que, hasta el momento, no se ha registrado ningún contacto para exigir rescate, ni comunicación dirigida a la empresa minera. Tampoco existían antecedentes de amenazas previas hacia los trabajadores o la compañía.
Mientras continúan las indagatorias, las familias de los diez mineros desaparecidos permanecen a la espera de información oficial que permita esclarecer su situación.
