Cuatro meses antes de que el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, fue entregado en extradición por Estados Unidos a las autoridades mexicanas, el gobierno de Maru Campos oficializó la cancelación de tres adeudos fiscales a la empresa Hidroponia de Parral, que fundó su esposa y donde el exmandatario se desempeñó como consejero
El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, preso y acusado de corrupción y peculado, recibió un regalo del gobierno de María Eugenia Campos Galván: la cancelación de más de 34 millones de pesos de impuestos a una empresa que pertenece a su familia y que forma parte de la red que el político usó para desviar millones de pesos de dinero público.
Fue el 15 de febrero de 2022, a cuatro meses de iniciado el actual gobierno, encabezado por Campos, cuando la Secretaría de Hacienda de Chihuahua oficializó la cancelación de tres adeudos fiscales a la empresa Hidroponia de Parral SA de CV por un total de 34 millones 238 mil 754.8 pesos en tres operaciones: una por 34 millones 204 mil 14.8 pesos (por contribuciones federales) y dos más por 17 mil 370 pesos cada una, ambas a razón de multas, como se observa en el registro oficial de contribuyentes.
Fuente:http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/indtfisc/listado/1er_trim_2022.xls
Al momento de la cancelación, Duarte esperaba su extradición a México, luego de que tres meses antesuna corte estadounidense determinara que había elementos para creer que había cometido delitos de conspiración y malversación de recursos públicos.
Para el 2 de junio de 2022, cuando Duarte fue entregado por Estados Unidos a las autoridades mexicanas -y posteriormente ingresado al penal de Aquiles Serdán en Chihuahua, donde ha estado desde entonces-, ya estaba consumada la cancelación de los adeudos de la empresa en la que se desempeñó como consejero a partir de 2005, un año después de que fuera fundada por su esposa, Bertha Olga Gómez Fong.
Documentos inscritos en el Registro Público de Comercio indican que en noviembre de 2004, Gómez Fong dio de alta la empresa junto a sus socios José Luis Martínez Aguilera y Alma Dalila Martínez Corrujedo.
Aunque oficialmente Duarte no aparece entre los socios de la empresa, las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) han identificado a Hidroponia de Parral como una compañía que fue parte de la red encabezada por el exmandatario para distraer recursos públicos.
Para el abogado y activista Jaime García Chávez, esta cancelación es una muestra más de la protección que desde el gobierno se le da a Duarte.
“¿Cómo es posible que a los que saquearon Chihuahua les perdonen impuestos?, esta es una más de las complicidades de María Eugenia Campos a César Duarte porque dispensarles pagos fiscales en operaciones de corrupción es una corrupción prácticamente doble, porque debieran estar, en todo caso, incautando esos bienes, porque tienen origen en la riqueza pública, en el erario”, dijo García Chávez en entrevista.
García Chávez, uno de los primeros personajes en señalar los actos de corrupción cometidos durante el duartismo, criticó la manera en la que las autoridades hacendarias perdonan impuestos a una empresa ligada a la corrupción.
“El Estado tiene que luchar hasta el final por hacer el cobro, así como lo hace con todos los causantes menores en Chihuahua, en el caso de Duarte, es inadmisible (la cancelación) porque hay una red de corrupción que presenta, se puede demostrar en la evolución patrimonial de su gente cercana; hay de dónde rescatar ese dinero”, agregó.
De acuerdo con el abogado, esta medida es parte de la estrategia que, desde el poder público, busca dejar libre al exmandatario.
“Me parece que es otra de las formas en las que se está cocinando el cambio de medida precautoria de Duarte para irlo sacando de prisión. La colusión, la complicidad de este gobierno con César Duarte, es más que evidente; los gobiernos del PAN han sido más que benignos, han sido tolerantes de la corrupción duartista, que es algo en lo que debieran ser inflexibles”, mencionó García Chávez.
Juan Carlos Mendoza, abogado del exmandatario, se negó a dar una entrevista sobre el tema.
En días pasados, el defensor dijo a medios de comunicación que debido a que el próximo 2 de junio se cumplirán dos años desde la llegada de Duarte a una prisión mexicana y todavía no existe una sentencia, pedirá que le sea cambiada la medida cautelar para que enfrente en libertad los procesos penales en su contra.
EL DUEÑO DE LA TIENDITA SOY YO”
Además de ser acusado de entregar dinero del erario al PRI nacional, a políticos, empresarios, líderes religiosos, periodistas y funcionarios públicos, César Duarte Jáquez creó una red de compañías que funcionaban como fachada para favorecerle a él y a su familia, según se desprende de las investigaciones de la FGE, a las que tuvo acceso La Verdad.
“(Se trata de una) estructura, encabezada por el exgobernador, dedicada a aprovecharse de los recursos públicos estatales para beneficio propio. Que se operó a través de una organización integral que se consolidó a partir del dos mil doce”, detalló la FGE en una de las órdenes de aprehensión libradas contra Duarte y entregadas a las autoridades de Estados Unidos para el juicio de extradición.
La FGE detectó que el patrimonio de Duarte y de sus cercanos se había incrementado considerablemente para cuando terminó la administración del exgobernador, gracias a una estructura conformada por tres niveles.
El primer nivel, describió la fiscalía, era integrado por titulares de las secretarías y equivalentes, quienes participaban en el diseño de políticas públicas y programas de gobierno.
Un segundo nivel eran los directores y jefes de departamento “cuya función claramente atendía a las instrucciones de la operación de los recursos para su desvío, ese desvío en atención a dos grandes vertientes, la política y la patrimonialista, es decir, para incrementar su patrimonio personal, precisamente a costa de las arcas estatales”.
Por último estaba “el núcleo más cercano del exgobernador y, en muchos casos, de origen familiar o de la región de Parral y Balleza”.
Esta estructura descrita por la fiscalía coincide con la de la organización de Hidroponia de Parral, la empresa perdonada por el gobierno de la panista Maru Campos.
Por un lado está Alma Dalila Martínez Corrujedo, comadre del matrimonio Duarte Gómez y señalada como una pieza clave en el entramado de empresas constituidas por el gobernador para el desvío de dinero público, según consta en las acusaciones de la FGE.
Las autoridades han descrito cómo la mujer era la accionista principal de la financiera Unión de Crédito Progreso, que Duarte y sus socios querían convertir en banco, una acción que quedó pausada tras la detención de los primeros personajes involucrados en los casos de corrupción.
Para 2013, Martínez Corrujedo y otros socios cedieron sus acciones a Gómez Fong y a Carlos Hermosillo Arteaga, quien fuera titular de la Junta Central de Agua y Saneamiento y director de Administración de la Secretaría de Hacienda y diputado federal durante la gestión de Duarte.
En la misma sesión, Hermosillo cedió la mayoría de sus acciones a Gómez Fong y una parte mínima a José Luis Martínez Estrada. Gracias a esa operación, la esposa de Duarte se convertía en la accionista mayoritaria y administradora única de Hidroponia de Parral.
Mientras era diputado federal, Hermosillo fue acusado de peculado y enriquecimiento ilícito por la FGE, sin embargo, su muerte en 2017 debido a un accidente automovilístico detuvo los procedimientos en su contra.
La fiscalía chihuahuense identificó a Hermosillo Arteaga como el “operador más cercano” al exgobernador.
Como director general de Administración de Hacienda, Hermosillo (así como su sucesor, Gerardo Villegas Madriles) “decidían en coordinación directa con el exgobernador todo lo relativo a estas adquisiciones”, abundó la FGE en algunas de las órdenes de aprehensión giradas contra Duarte y revisadas por este medio.
De acuerdo con las investigaciones del gobierno chihuahuense, Duarte se jactaba de su jerarquía dentro de la estructura creada para su beneficio.
“El dueño de la tiendita soy yo”, repetía el exmandatario a sus subordinados cuando alguna de sus instrucciones era cuestionada.
Hidroponia de Parral fue plenamente identificada como una de las empresas que usó la red para la triangulación y el desvío de dinero público.
Unión Ganadera División del Norte (UGDN) y Financiera División del Norte fueron dos entes que recibieron recursos públicos y que posteriormente se usaron para favorecer a Duarte, indicaron los fiscales estatales en junio de 2022, durante la audiencia de formulación a proceso del exgobernador.
“Desde los depósitos que la UGDN y la Financiera recibieron del erario, se hicieron transferencia a las cuentas personales de Duarte, de su esposa y de empresas familiares, como Hidroponia de Parral SA de CV y Ganadera El Saucito, que está a nombre del matrimonio y de sus tres hijos, entre otras”, indicó una nota de la audiencia publicada en Proceso.
Desde agosto de 2020 pesa sobre Bertha Olga Gómez Fong al menos una orden de aprehensión girada por la justicia chihuahuense, aunque el gobierno de Javier Corral había anunciado la existencia de al menos otras dos investigaciones en su contra.
Cuestionada al respecto, la Fiscalía General del Estado se negó a informar sobre el número y estado de las órdenes de aprehensión (es decir, si permanecen vigentes y por qué no se han ejecutado), con el argumento de que se trata de asuntos que competen únicamente a las partes involucradas.
