Esperamos en que este caso sirva de ejemplo, para todos aquellos servidores públicos que abusan de su autoridad para humillar, amenazar, explotar y en sí, a hostigar laboralmente a los empleados que tienen a su cargo”, dijo una de las víctimas de la jueza María del Carmen Domínguez Aguirre, destituida del juzgado Primero Familiar en Ciudad Juárez
“Esperamos en que este caso sirva de ejemplo, para todos aquellos servidores públicos que abusan de su autoridad para humillar, amenazar, explotar y en sí, a hostigar laboralmente a los empleados que tienen a su cargo”, dijo una de las víctimas de la jueza María del Carmen Domínguez Aguirre, destituida del juzgado Primero Familiar en Ciudad Juárez
POR BLANCA CARMONA / LA VERDAD JUÁREZ
Tras un proceso de casi cinco años, la titular del juzgado Primero Familiar por Audiencia del Distrito Judicial Bravos, María del Carmen Domínguez Aguirre, fue destituida de ese cargo tras acreditarse que cometió actos de violencia y abuso de funciones en contra 15 funcionarias Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que estaban bajo su cargo.
En diciembre del 2019, la Dirección General Jurídica del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) radicó una queja administrativa e inició un procedimiento en la que se documentó que Domínguez Aguirre ejercía de manera directa y sistemática actos de violencia laboral e institucional.
En la sentencia, correspondiente al expediente 7/2019, se declaró a la hora exjueza responsable de faltas administrativas graves previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado en contra de 15 de las 20 personas que la denunciaron, se desprende del fallo.
Cinco de las víctimas se desistieron de su denuncia, debido a la presión que se ejerció en su contra durante los más de cuatro años que se tardó el Consejo de la Judicatura (CJ) del Poder Judicial del Estado de Chihuahua en emitir una resolución.
“A la servidora pública se le acusa de haber ejercido violencia en contra del personal que se encontraba a su cargo durante el desempeño como titular del juzgado, a partir del 24 de febrero de 2016, conductas consistentes en aislamiento, trato grosero, hostil, humillante, amenazas, intolerancia, discriminación, rechazo, intimidación y con ello, generó un abuso en las funciones conferidas en la ley para el desempeño de sus labore”, se lee en la sentencia emitida por la secretaria ejecutiva provisional del CJ del Poder Judicial, María Iveth de la Mora Hernández y a la que tuvo acceso La Verdad.
Derivados del maltrato, las víctimas han padecido insomnio, depresión, ira, fatiga, lagunas mentales, falta de concentración, crisis de ansiedad y síntomas psicóticos y en general, un estrés postraumático generado por la violencia a la que fueron sometidos,denunciaron en su momento las víctimas.
Respecto a la sentencia una de las víctimas expresó que todas las denunciantes se sienten contentas con la resolución a pesar de que el CJ tardó más de cuatro años en pronunciarse y de que el daño que les ocasionaron es irreparable y no se puede cuantificar.
“Pensamos que no saldría favorable, y más por todo el tiempo que se tardó en resolverse el caso, pero al ver que se acerca un poco a lo que consideramos justo, si bien el daño que se nos hizo no es cuantificable, al obtener justicia cerraremos este ciclo, y continuaremos trabajando en que no se vuelva a repetir.
Esperamos en que este caso sirva de ejemplo, para todos aquellos servidores públicos que abusan de su autoridad para humillar, amenazar, explotar y en sí, a hostigar laboralmente a los empleados que tienen a su cargo”, dijo una de las víctimas, que habló a nombre de las denunciantes, cuya identidad esta bajo reserva de las autoridades judiciales.
Domínguez Aguirre fue notificada la semana pasada del fallo en su contra y separada del cargo sin posibilidad de aspirar a una reubicación, así lo informó el vocero del Poder Judicial del Estado Luis Rubén Maldonado.
El 17 de enero de 2020 la juzgadora fue suspendida temporalmente como titular del juzgado Primero Familiar por Audiencia con goce de sueldo y reubicada al Centro Auxiliar para los Juzgados en Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Sistema Tradicional con competencia en todo el Estado. De este último cargo fue separada la semana pasada.
Desde mayo pasado la secretaria ejecutiva provisional del CJ del Poder Judicial, María Iveth de la Mora Hernández, emitió la resolución pero hasta el pasado 12 de agosto en sesión privada el CJ del Poder Judicial del Estado emitió la sentencia.
