La Consejer?a Jur?dica de la Presidencia present? el 11 de octubre ante la Suprema Corte de Justicia una controversia constitucional para reclamar posibles ?rdenes de aprehensi?n, arraigo, citatorios, averiguaciones o carpetas de investigaci?n abiertas por las autoridades locales contra funcionarios federales.
De acuerdo a Reforma, si se falla en su favor, la Corte les otorgar?a un amparo contra los actos reclamados. Los actos reclamados se imputan al Gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral, a la Fiscal?a General de ese Estado y el Poder Judicial local.
?La solicitud y emisi?n de ?rdenes de aprehensi?n existentes o inminentes respecto de actuales o anteriores funcionarios p?blicos federales, que se relacionen directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones?, es uno de los actos reclamados.
El 28 de septiembre pasado, Corral amenaz? con indagar al Gobierno federal por el caso del ex Secretario General del PRI, Alejandro Guti?rrez, al que la Fiscal?a estatal acus? por un peculado de 250 millones de pesos de recursos federales, cargo del que la PGR se desisti?.
?Lo puedo decir con absoluta certeza?, dijo entonces Corral, ?aunque haya hecho lo que haya hecho Pe?a Nieto para proteger a Guti?rrez y a (el ex Gobernador) C?sar Duarte, no se va a ir impune, no quedar? impune.
?Tarde que temprano la justicia lo va a alcanzar a ?l?, agreg?, ?y es muy probable que sea la propia justicia de Chihuahua?.
La demanda del Ejecutivo est? firmada por el Consejero Jur?dico Misha Granados.
En ella reclama a Corral ?su intervenci?n directa o indirecta, p?blica o privada, actual o inminente, en investigaciones, averiguaciones, carpetas de investigaci?n, solicitudes de informaci?n, ?rdenes de investigaci?n y solicitudes de colaboraci?n que refieran, mencionen o relacionen actuales o anteriores funcionarios p?blicos federales?.
A la Fiscal?a General, la controversia le reclama la participaci?n de sus integrantes en reuniones donde se analice con personas ajenas a la misma, incluido Corral, la situaci?n de las probables investigaciones contra funcionarios federales.
La controversia del Ejecutivo es parecida a los llamados ?amparos buscadores?, que cotidianamente promueven ante la justicia federal sospechosos de un delito para averiguar si enfrentan orden de captura.
Hasta este martes, el ministro al que fue turnada la controversia no hab?a notificado su admisi?n o desechamiento.
Si la demanda es admitida, el ministro ponente ordenar?a a Chihuahua que rinda informes sobre los actos mencionados, y podr?a conceder una suspensi?n para frenarlos.
