El gobierno de Estados Unidos solicitó formalmente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la detención provisional con fines de extradición de diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico y delitos relacionados con armas.
La cancillería informó que las solicitudes fueron recibidas el 28 de abril a través de la Embajada estadounidense y turnadas a la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que deberá analizar si existen elementos suficientes para proceder conforme a la legislación mexicana.
No obstante, la SRE señaló que la documentación enviada por Washington carece de pruebas concluyentes para acreditar la responsabilidad de los señalados, por lo que será la FGR quien determine la viabilidad de las detenciones.
Además, la dependencia anunció que enviará un extrañamiento formal a la representación diplomática de Estados Unidos, al considerar que la difusión pública del caso contraviene los acuerdos de confidencialidad establecidos en los tratados bilaterales.
Las solicitudes derivan de una acusación presentada en Nueva York, en la que se señala a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios —incluyendo un senador, un alcalde y mandos de seguridad— de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa para el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense, a cambio de sobornos y protección política.