Gobierno de Parral enfrenta demanda millonaria por incumplimiento de convenio
El Gobierno Municipal de Hidalgo del Parral enfrenta un proceso judicial civil por el presunto incumplimiento de un convenio firmado en 2016 con el Gobierno del Estado de Chihuahua y el Tribunal Superior de Justicia del Estado, lo que podría derivar en la desocupación del edificio actual de la Presidencia Municipal y el pago de sanciones millonarias.
El origen del conflicto se remonta al 23 de julio de 2016, cuando las tres instancias firmaron un convenio para que el inmueble ubicado en las calles República de Cuba y Francisco Miranda fuera transferido al Poder Judicial, con el objetivo de establecer una sede regional del tribunal en el sur del estado.
A cambio, el Estado se comprometió a donar al municipio dos predios aledaños a la antigua Presidencia y un recurso de 2 millones de pesos para construir un nuevo edificio para el Ayuntamiento. El acuerdo estipulaba que el inmueble debía entregarse antes del 15 de septiembre de 2016.
Sin embargo, al no cumplirse esta condición, se activaron cláusulas de penalización que incluían rentas, intereses y una pena convencional. El Ayuntamiento de Parral admite la existencia del acuerdo, pero argumenta que enfrentaron diversos obstáculos administrativos y logísticos, como el uso alternativo de los predios designados para el traslado.
La demanda fue formalizada por el Tribunal Superior de Justicia el 11 de julio de 2019 y radicada ante el Juzgado Sexto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos con el expediente 731/19.
Tras el litigio, el tribunal determinó que el Ayuntamiento debe desocupar el inmueble de la Presidencia Municipal y pagar:
- $1,451,262.00 en rentas
- $5,100,000.00 de pena convencional
- $4,810,760.86 por intereses al 9% mensual
- Costas y gastos del juicio
En total, el Ayuntamiento podría enfrentar una obligación superior a los 11 millones de pesos.
El secretario del Ayuntamiento, Jorge Cordero, informó que el alcalde ha instruido a los equipos jurídicos a agotar todas las instancias legales para proteger el patrimonio municipal. “Se está actuando con responsabilidad y transparencia, siempre priorizando el interés público”, declaró.
