El incumplimiento de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en reparar la carretera conocida como Vía Corta Parral–Chihuahua llegó a un punto crítico.
La Jueza Segundo de Distrito en Chihuahua impuso una multa de más de 26 mil pesos al titular de la dependencia federal por ignorar los requerimientos judiciales y no rendir los informes que acrediten el cumplimiento de la suspensión definitiva dictada dentro de un juicio de amparo.
La sanción económica no es un simple trámite: confirma que el funcionario ha desobedecido reiteradamente a una Jueza Federal, lo cual constituye una falta grave en un Estado de Derecho.
El acuerdo judicial establece que la Secretaría debe cumplir de inmediato con la suspensión, es decir, iniciar las obras de reparación y mantenimiento de la carretera, cuya condición representa un riesgo para miles de usuarios. En caso de existir una imposibilidad real para cumplir, el funcionario deberá demostrarla con pruebas, no con evasivas.
La advertencia es aún más seria: si la omisión persiste, el caso podría llegar al Tribunal Colegiado de Circuito o incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se iniciaría un procedimiento de inejecución de sentencia. En su escenario más severo, esto permitiría separar del cargo al Secretario y procesarlo penalmente por incumplir una orden de amparo.
En términos sencillos, el funcionario federal no solo está desacatando al Poder Judicial, sino que también pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos que transitan la carretera. El mensaje del Juzgado es claro: la ley no es opcional, y el incumplimiento puede costarle el puesto y hasta la libertad al propio titular de la SICT.
