Caso César J. M.: enfrenta dos procesos penales, uno estatal y otro federal
El exfiscal de Chihuahua es investigado por presunto ejercicio ilegal del servicio público y coalición, además de una acusación federal por traición a la patria, relacionada con la participación de agentes estadounidenses en un operativo en la Sierra.
La detención del exfiscal general de Chihuahua, César J. M., derivó en dos procedimientos penales distintos, uno del fuero estatal y otro federal, luego de que fuera detenido nuevamente al salir de una audiencia judicial en la que se le permitió enfrentar en libertad el proceso estatal bajo medidas cautelares.
El caso está relacionado con el operativo realizado en abril pasado en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, donde se desmanteló un laboratorio clandestino y en el que presuntamente participaron agentes estadounidenses. Posteriormente, un accidente carretero provocó la muerte de dos agentes extranjeros y dos integrantes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).
La mañana del sábado 17 de octubre, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieron a César J. M. sobre la avenida La Cantera, en la ciudad de Chihuahua, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida dentro de la causa penal 3055/2026.
Los delitos que le atribuye la Fiscalía estatal son ejercicio ilegal del servicio público y coalición, relacionados con presuntas irregularidades en la intervención de personal extranjero durante el operativo de El Pinal.
Tras su detención, familiares, amigos y militantes del Partido Acción Nacional (PAN) acudieron a las instalaciones de la Ciudad Judicial para exigir su liberación. Entre quienes manifestaron su respaldo estuvieron el exalcalde de Chihuahua, Juan Blanco, y el exdirigente estatal panista Guillermo Luján Peña, quienes cuestionaron el procedimiento y señalaron una posible persecución política.
La audiencia inicial, prevista para el sábado, fue aplazada a petición de la defensa, integrada por los abogados Héctor Villasana y Luis Villegas, quienes solicitaron más tiempo para revisar la carpeta de investigación.
El procedimiento se reanudó el domingo 18 de octubre ante un juez de control, donde el Ministerio Público expuso testimonios y otros antecedentes relacionados con el operativo. De acuerdo con los reportes sobre la audiencia, se presentaron alrededor de 45 testimonios o declaraciones de funcionarios y personal relacionado con la investigación.
Uno de los puntos relevantes fue la exclusión de la declaración de Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas de la FGE, luego de que la defensa argumentara que ya figuraba como imputado en la misma investigación y que incorporar su testimonio rendido previamente como testigo, sin asistencia de un defensor, podía vulnerar sus derechos.
El juez aceptó el planteamiento y determinó que esa declaración no fuera incorporada como dato de prueba en esa etapa procesal. La resolución no implicó el desechamiento de todas las pruebas ni la anulación de las acusaciones contra el exfiscal.
Al concluir la audiencia, César J. M. cuestionó los elementos presentados por la Fiscalía estatal y sostuvo que ninguno de los testimonios lo señalaba directamente por la intervención de agentes extranjeros en el operativo de El Pinal. Sin embargo, sus declaraciones corresponden a la postura de la defensa y no representan una resolución definitiva sobre su responsabilidad.
Aunque el juez le permitió continuar el proceso estatal en libertad, la situación cambió la noche del domingo, cuando agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron una segunda orden de aprehensión en su contra, ahora por una acusación federal de traición a la patria.
Tras su detención, el exfiscal fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
La investigación federal busca determinar si la participación de agentes estadounidenses en el operativo se realizó sin las autorizaciones correspondientes y si los hechos pudieron comprometer la soberanía nacional.
Con ello, César J. M. enfrenta dos procesos independientes: uno estatal por ejercicio ilegal del servicio público y coalición, y otro federal por traición a la patria. La resolución que le permitió llevar el primer procedimiento en libertad no impedía la ejecución de una orden de aprehensión correspondiente a otra causa penal.
De acuerdo con la información difundida sobre el caso, la audiencia federal de formulación de imputación fue programada para el martes 20 de octubre a las 8:00 horas, diligencia en la que se prevé que la representación federal exponga formalmente los hechos atribuidos al exfuncionario.
Hasta el momento, las acusaciones deberán distinguirse de una sentencia condenatoria, pues la responsabilidad penal del exfiscal tendrá que determinarse mediante los procedimientos judiciales correspondientes.
