Tras las denuncias por presunto fraude millonario cometido al interior de la institución Aula Tec, cuyos alumnos fueron afectados con pagos no registrados, recibos falsos y documentos alterados, la escuela ha comenzado a ofrecer convenios de regularización que, lejos de brindar justicia, limitan severamente los derechos de los afectados, según el contenido del documento entregado a los estudiantes.
El convenio, firmado por el representante legal de Aula Tec, Pedro Beristáin Flores, quien además funge como presidente del PRI en la ciudad de Chihuahua, establece que la institución reconoce irregularidades financieras cometidas por la extrabajadora. YKGR, quien habría recibido pagos sin reportarlos oficialmente desde 2022.
Sin embargo, en lugar de asumir la responsabilidad institucional, Aula Tec propone que el alumno afectado pague nuevamente parte del monto ya entregado, absorbiendo solo el 50% del daño económico, mientras que el estudiante debe cubrir la otra mitad para poder continuar con sus trámites escolares.
El punto más crítico del convenio es que, al firmarlo, el alumno renuncia expresamente a ejercer cualquier tipo de acción penal, civil o administrativa contra la escuela o sus representantes legales, incluso si los términos del acuerdo le resultan desfavorables.
“El ALUMNO renuncia irrevocablemente a ejercer cualquier acción penal, civil o administrativa (…) relacionada con los hechos que dieron origen a este convenio”, se lee textualmente en la cláusula quinta.
Además, la institución no se compromete a devolver el dinero completo ni a sancionar internamente a los responsables. Simplemente acepta que hubo un fraude, reconoce que actuó “de buena fe” y traslada al estudiante la responsabilidad de regularizar su situación mediante el pago parcial del daño.
Este documento ha generado malestar entre los estudiantes afectados, quienes lo ven como una medida para proteger a la institución legalmente, sin brindar justicia ni resarcimiento real.
Hasta el momento, la escuela no ha ofrecido una solución clara para quienes no están en condiciones de pagar de nuevo ni ha dado respuesta a las exigencias de los alumnos de que se castigue a los responsables y se garantice transparencia en sus procesos administrativos.
