La muerte de dos funcionarios de la embajada de Estados Unidos en México, ocurrida el pasado 19 de abril en territorio chihuahuense, ha generado una nueva polémica tras revelarse que presuntamente eran agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), según información publicada por The Washington Post.
De acuerdo con el medio estadounidense, los funcionarios fallecieron en un accidente automovilístico mientras regresaban de una operación antinarcóticos en una zona remota del estado, en la que también perdieron la vida dos funcionarios mexicanos.
Cooperación bajo la lupa
El reporte señala que los presuntos agentes de la CIA formaban parte de un papel ampliado de la agencia en la lucha contra el narcotráfico en América Latina, particularmente en México.
Sin embargo, el fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, aclaró que los ciudadanos estadounidenses no participaron directamente en el operativo contra un laboratorio clandestino de drogas.
Según el informe, los funcionarios habían sostenido reuniones con autoridades mexicanas antes del accidente, lo que refuerza la hipótesis de cooperación bilateral en temas de seguridad.
Presión desde Estados Unidos
El contexto del incidente se da en medio de una creciente presión del presidente Donald Trump hacia México para intensificar las acciones contra los cárteles del narcotráfico.
Incluso, se menciona que bajo la dirección de John Ratcliffe, la CIA ha incrementado el intercambio de inteligencia, el entrenamiento de unidades mexicanas y el uso de drones no armados para ubicar objetivos criminales.
El reporte también destaca que información de inteligencia estadounidense habría sido clave para ubicar a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Soberanía y tensiones políticas
El tema ha encendido alertas en el ámbito político nacional, debido a la sensibilidad que implica la participación de agencias extranjeras en operativos dentro del país.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que solicitará una explicación formal, al señalar que su gabinete de seguridad no fue informado sobre dicha colaboración, como lo establecen los protocolos.
Especialistas advierten que este caso podría reavivar el debate sobre la soberanía nacional y los límites de la cooperación internacional en materia de seguridad.
