Elementos de las fuerzas federales asestaron un importante golpe a grupos delictivos que operan en el estado de Sinaloa, al lograr la captura de 11 presuntos integrantes de una célula criminal, entre ellos Iván Raymundo Olivas Reyes, alias “El 24”, identificado como jefe de zona de la facción conocida como “Chapo Isidro”.
De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad federal, las principales acciones se llevaron a cabo en los municipios de Culiacán y Mocorito, donde participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante estos operativos fueron detenidos, además de “El 24”, Patricio Albarrán Patiño, alias “Pato”; Esequiel Bueno Madero y Jorge Aruanjo Madriles, quienes presuntamente forman parte de la misma organización criminal encabezada por Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “El Chapo Isidro”.
Las autoridades informaron que durante las detenciones se aseguraron dos vehículos, cuatro armas largas, una arma corta, ocho cargadores y un chaleco táctico.
Asimismo, en distintos despliegues realizados en los municipios de Concordia, El Rosario, Mocorito, Mazatlán, San Ignacio, Escuinapa y Elota, las fuerzas de seguridad decomisaron 35 armas de fuego, entre ellas un fusil Barrett, más de 280 cargadores, alrededor de 7 mil cartuchos útiles, chalecos y placas balísticas, además de una cuatrimoto y un vehículo con reporte de robo.
Como parte de las acciones, también fueron asegurados siete kilogramos de goma de opio y localizado un campamento presuntamente utilizado por integrantes de grupos delictivos.
Las autoridades destacaron además la inhabilitación de seis áreas utilizadas para la producción de drogas sintéticas en los municipios de Culiacán y Cosalá. En dichos sitios fueron asegurados un reactor de síntesis orgánica, más de 5 mil litros de sustancias químicas y 250 kilogramos de precursores utilizados para la elaboración de metanfetaminas.
Según estimaciones oficiales, el desmantelamiento de estos laboratorios representa una afectación económica aproximada de 110 millones de pesos para la delincuencia organizada.
